Clamor social en favor de una mayor inversión pública en sanidad

La sociedad de nuestro país no tiene dudas. Nueve de cada diez personas creen que las administraciones públicas deberían gastar más dinero en la sanidad, según se refleja en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).

También entienden que la “máxima prioridad” es aumentar el gasto sanitario público, por encima de otras inversiones prioritarias, caso de la educación, la prevención y extinción de incendios forestales y la mejora y mantenimiento del medioambiente.

Una demanda compartida por SATSE que viene reclamando desde hace años un incremento de la inversión sanitaria pública para igualarnos, al menos, con la media de los países de nuestro entorno.

España no alcanza el 7 por ciento del PIB destinado a la sanidad pública mientras que hay países que superan el 10 por ciento de su Producto Interior Bruto.

Durante la pandemia de la COVID-19, se incrementó el gasto sanitario público hasta el 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), pero este porcentaje ha vuelto a caer en los últimos años, lo que constata la falta de interés del conjunto de administraciones públicas por priorizar la mejora de la atención sanitaria.

Más plantillas

Una mayor inversión pública para, entre otros objetivos, aumentar las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas en todos los servicios de salud. El déficit estructural que sufre desde hace años nuestro país conlleva una peor atención a las personas y una creciente sobrecarga laboral que “impacta” en la salud física y psicológica de los/as profesionales sanitarios/as.

Un informe reciente del Ministerio de Sanidad concluye que en España faltan más de 100.000 enfermeras para alcanzar la media europea, a lo que se suma que cerca del 40 por ciento de estas profesionales sanitarias tiene intención de dejar la profesión en los próximos 10 años, según una encuesta realizada también por este departamento.

Insatisfacción

La última encuesta del CIS sobre el Estado del Bienestar también ofrece otros datos concluyentes, como que cerca de la mitad de las personas encuestadas considera que la sanidad funciona 'poco o nada satisfactoriamente’.

Además, un 52 por ciento no cree que en España todas las personas tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, como la sanidad y la educación, siendo los principales motivos los ingresos económicos (28%), la comunidad autónoma de residencia (13%), el pueblo o barrio donde reside (11%) y la etnia o la raza (10%).

En cuanto a la valoración del funcionamiento de los servicios, la mejor puntuación corresponde a las farmacias, junto a las tiendas de alimentación, ambas con una valoración media cercana a 7,9 sobre 10, mientras que los centros de salud obtienen un 7,1, quedándose en el quinto lugar de los diez servicios analizados.