Politica sanitaria

Murcia acelera la ley para sancionar las agresiones al personal sanitario

La Asamblea tramitará por urgencia una norma que prevé multas de hasta 45.000 euros y cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La Región de Murcia avanza en la tramitación de una nueva ley destinada a sancionar las agresiones contra el personal sanitario.

La Asamblea Regional debatirá el próximo miércoles la toma en consideración de esta Proposición de Ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y registrada el pasado mes de diciembre. 

Así lo acordó la Junta de Portavoces, donde todos los grupos parlamentarios han respaldado que la iniciativa se tramite por la vía de urgencia, a término fijo, lo que permitiría acelerar su tramitación.

El objetivo de la norma es complementar las responsabilidades penales ya existentes, incorporando sanciones administrativas para este tipo de conductas.

Entre las medidas previstas, se contemplan multas que pueden superar los 15.000 euros en casos de faltas de respeto o comportamientos insultantes hacia profesionales sanitarios.

Por otro lado, acciones más graves como amenazas, coacciones, agresiones físicas o verbales, o cualquier forma de presión sobre las autoridades sanitarias, serán consideradas infracciones muy graves, con sanciones que podrían superar los 45.000 euros. Además, en los casos más severos, se prevé el traslado del expediente del infractor a otros centros de salud.

De aprobarse, Murcia se convertiría en la quinta comunidad autónoma en aplicar este tipo de medidas administrativas, sumándose a otras regiones que ya cuentan con herramientas similares.

El respaldo unánime de los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces hace prever que la ley pueda ser aprobada definitivamente el próximo 27 de mayo.

Un paso necesario

El Sindicato de Enfermería ha valorado positivamente la iniciativa, al considerar que supone un paso necesario para reforzar la protección de los profesionales sanitarios frente a las agresiones.

Desde el Sindicato destacan que la incorporación de sanciones administrativas complementa la vía penal y puede contribuir a disuadir este tipo de conductas, una de las principales preocupaciones del colectivo en los últimos años.