Politica sanitaria

Los grupos de la Asamblea Regional presentan 39 enmiendas a la ley contra agresiones a sanitarios

Los distintos grupos parlamentarios proponen modificaciones al texto legislativo tras las aportaciones realizadas por colectivos y organismos del ámbito sanitario, entre ellos SATSE.

Pablo Fernández en la Comisión de la Asamblea Regional.

Los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional han presentado un total de 39 enmiendas a la proposición de ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios en la Región de Murcia, impulsada por el Partido Popular.

Las propuestas de modificación tienen como objetivo mejorar distintos artículos del texto legislativo a partir de las audiencias celebradas hace unas semanas en la Cámara autonómica y de las aportaciones realizadas por colectivos y organismos relacionados con el ámbito sanitario, entre ellos SATSE.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado ocho enmiendas, cinco de carácter técnico y tres de mayor alcance. Entre estas últimas, destaca la ampliación de la consideración de persona agresora, de manera que no solo se sancione a los usuarios, sino también a familiares y acompañantes, según ha informado hoy el periódico La Verdad.

Otra de las modificaciones planteadas por el PP propone que las infracciones no se limiten únicamente a agresiones presenciales o físicas, sino que también puedan ser sancionadas aquellas realizadas a través de redes sociales, correos electrónicos u otros medios de difusión de información. Asimismo, se incorporan los daños causados tanto a instalaciones sanitarias como al patrimonio de los profesionales de la sanidad.

Por su parte, el PSOE ha presentado once enmiendas, cuatro de ellas orientadas a ampliar la cobertura de la ley a todo el personal que trabaja en centros sanitarios, incluido el de subcontratas, así como a sus bienes personales, como vehículos. Los socialistas también plantean que sea el Servicio Murciano de Salud (SMS) quien actúe de oficio en estos casos, sin necesidad de denuncia previa por parte de la víctima, además de crear un observatorio regional sobre agresiones a todo el personal sanitario. 

En cuanto al Grupo Parlamentario Vox, sus diputados han registrado 17 propuestas de modificación. Según apuntan las mismas fuentes, las enmiendas buscan “reforzar la seguridad jurídica de la norma”, además de rebajar la sanción máxima prevista y desarrollar la sanción accesoria o provisional de cambio de facultativo para garantizar que esta medida “no se adopte, en ningún caso, en perjuicio del profesional”.

Por último, desde el Grupo Mixto, ha solicitado incluir específicamente como agravantes los motivos de odio racista, sexista y LGTBIfóbico en la calificación de las infracciones. Entre sus propuestas también figura la posibilidad de imponer trabajos en beneficio de la comunidad y cursos de formación en civismo a las personas sancionadas por agredir a profesionales sanitarios. Además, plantean adaptar la normativa regional a la legislación nacional, incorporando fórmulas como el pago voluntario de las sanciones y bonificaciones en la cuantía económica.

Las 39 enmiendas registradas por los distintos grupos parlamentarios serán analizadas este martes por la Mesa de la Cámara.

Propuestas de SATSE

A principios de mes, el secretario general de SATSE Murcia, Pablo Fernández, participó en la Comisión de Sanidad y Política Social en el debate sobre la Proposición de Ley 37, relativa a infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público regional.

SATSE planteó distintas alegaciones, entre ellas la inclusión de órdenes de alejamiento para los agresores, la creación de un sistema de alerta en la historia o base de datos clínica que permita identificar antecedentes de agresión y adoptar medidas preventivas, así como la necesidad de que el Servicio Murciano de Salud pueda actuar de oficio cuando la víctima no presente denuncia por miedo o presión.

El Sindicato insistió en la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los centros sanitarios, incluyendo la presencia de personal de seguridad y la implantación de sistemas técnicos de alerta inmediata que permitan actuar con rapidez ante situaciones de riesgo.

“La protección de quienes cuidan debe ser una prioridad irrenunciable del sistema sanitario”, concluyó Fernández.