En vigor la ley que sancionará las agresiones a profesionales sanitarios en la Región de Murcia

La Región de Murcia ha dado un paso más en la protección de los profesionales de la sanidad pública con la entrada en vigor de una nueva normativa que permite imponer sanciones administrativas a quienes agredan o amenacen al personal de centros de salud y hospitales.

La ley, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), establece un régimen sancionador específico para las conductas violentas dirigidas contra trabajadores del sistema sanitario público. Las multas oscilarán entre los 300 euros para las infracciones más leves y los 30.000 euros para aquellas consideradas de máxima gravedad.

Con esta medida, Murcia se incorpora al grupo de comunidades autónomas que ya cuentan con herramientas administrativas para combatir este tipo de comportamientos, junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Según los datos oficiales, durante 2024 se registraron 778 incidentes de violencia verbal o física contra profesionales sanitarios en la Región, una cifra que refleja la dimensión de un problema que preocupa desde hace años al sector.

La normativa considera especialmente graves las agresiones físicas o cualquier manifestación de violencia ejercida contra médicos, enfermeros y demás trabajadores de la sanidad pública mientras desarrollan su actividad profesional o como consecuencia de ella. No obstante, cuando los hechos puedan constituir un delito, el caso será trasladado a la jurisdicción penal.

También se contemplan sanciones elevadas para quienes causen daños importantes a bienes o propiedades de los profesionales sanitarios como forma de intimidación, represalia o presión.

Por otro lado, la ley no solo persigue las agresiones físicas. Entre las conductas sancionables se incluyen los insultos, menosprecios o expresiones ofensivas dirigidas al personal sanitario, tanto de forma presencial como a través de redes sociales u otros canales públicos de comunicación.

El objetivo de la nueva regulación es reforzar la seguridad de los trabajadores de la sanidad pública y disuadir comportamientos que puedan afectar al normal funcionamiento de la asistencia sanitaria.