FSES se opone a la externalización de servicios y exige el refuerzo inmediato de la plantilla de empleados públicos

FSES rechaza de forma categórica la decisión de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Región de Murcia de licitar la atención y asistencia a los contribuyentes de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM).

"Esta medida no solo representa un severo ataque a la consolidación del empleo público, sino que ahonda en la degradación y privatización progresiva de la administración autonómica", subraya.

La Consejería justifica esta licitación argumentando que la demanda "excede de la capacidad ordinaria de los medios propios actualmente disponibles".

FSES denuncia, en este sentido, que la falta de personal no es un hecho fortuito ni inevitable, sino "el resultado de años de falta de planificación, tasa de reposición insuficiente y falta de creación de plazas públicas estructurales", que desde la organización vienen denunciando en las correspondientes mesas de negociación.

El constante incremento en el volumen de atención, más de 1 millón de atenciones presenciales entre 2022 y 2025 y cerca de 200.000 llamadas anuales, es la prueba "indiscutible" de la profesionalidad y el "buen hacer" de la plantilla de empleados públicos de la ATRM.

El pliego de condiciones asigna a la empresa privada tareas que atañen directamente a la relación formal del ciudadano con la Hacienda pública: confección y pago de autoliquidaciones, gestión de notificaciones, atención telefónica, acogida y triaje, e incluso gestión documental, expone FSES.

La información tributaria de los ciudadanos de la Región de Murcia es de carácter altamente sensible. El trato directo con el obligado tributario y el manejo de aplicaciones informáticas corporativas debe estar en manos exclusivas de empleados públicos sujetos al régimen de incompatibilidades y a los principios de mérito, capacidad e imparcialidad.

La cronificación de la externalización, admitida por la propia Consejería al señalar que el servicio siempre se ha apoyado en personal externo, consolida un modelo de empleo de "dos velocidades":

Por un lado, se priva a los opositores e interinos de la posibilidad de acceder a un empleo público digno y estable. Por otro, las plantillas de las contratas privadas sufren habitualmente condiciones laborales inferiores, mayor rotación y menor estabilidad, lo que acaba repercutiendo negativamente en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

FSES exige la anulación de esta licitación publicada en el BORM el pasado 24 de julio para el periodo 2026-2028 y se defienda el servicio público, garantizando que los recursos públicos se inviertan en el fortalecimiento de lo público, velando por la confidencialidad, la equidad y la calidad en la atención a todos los murcianos.